Denuncian a Cathy Barriga ante Contraloría por realizar maniobras para eludir licitaciones para el “Maipeluza”

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Denuncian a Cathy Barriga ante Contraloría por realizar maniobras para eludir licitaciones para el “Maipeluza”

Denuncian a Cathy Barriga ante Contraloría por realizar maniobras para eludir licitaciones para el “Maipeluza”

 

La alcaldesa de Maipú fragmentó una serie de compras en servicios destinados al evento, disimulando de esta forma los montos totales pagados al mismo proveedor, lo que le permitió saltarse la fiscalización del concejo municipal y ganarse, una vez más, una denuncia ante la Contraloría. Ahora la palabra la tiene este último organismo, que si acredita que Barriga transgredió la normativa relacionada con las compras públicas, podría ser acusada por faltas a la probidad. La infracción podría incluso costarle el cargo por notable abandono de deberes.

Por / 01.10.2018

Las gestiones detrás de la organización del festival “Maipeluza”, que este 2018 se extendió por cinco días durante las Fiestas Patrias, es la razón por la que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, es cuestionada nuevamente.

Hace pocos días los concejales Ariel Ramos (PC) y Gonzalo Ponce (PEV) presentaron un requerimiento ante Contraloría para denunciar faltas a la probidad por parte de la líder comunal, debido a una serie de compras que se hicieron de forma fragmentada para el evento, y quecalifican como maniobras para eludir los procesos de licitación que correspondían. 

De este modo, los ediles la acusan de transgredir la normativa relacionada con las compras públicas establecida en la Ley 19.886, y en caso de que ello sea ratificado por la Contraloría, la infracción podría incluso costarle el cargo. “Nosotros como concejales, en su mayoría, no estuvimos disponibles para aprobar este contrato ni ninguno relacionado con la fiesta debido a que presentamos una serie de observaciones. Es por eso que la alcaldesa toma la decisión de fragmentarlos, de manera tal de que no pasen por la aprobación del concejo”, explica Ariel Ramos.

Compras fragmentadas

En la administración pública existen tres mecanismos de compra y contratación de bienes y servicios: licitación pública, licitación privada y trato directo. De acuerdo a la Ley de Compras Públicas y Reglamento (19.886), toda compra que supere las 1.000 UTM debe realizarse por licitación pública (con excepciones muy específicas) y señala explícitamente que “la Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación”.

Además, en una escala menor, establece que, en caso de que las compras sean inferiores a esa cifra pero superen las 500 UTM, deben pasar por la revisión del Concejo Municipal, y solo en caso de que el monto sea menor a eso se puede proceder a una transacción de Trato Directo con el proveedor.

En el caso presentado ante Contraloría, los concejales cuestionan específicamente los contratos por los servicios de producción del evento y guardias de seguridad. En el caso del primero, se establecieron cinco contratos con la empresa Real Audio Sistemas SpA por montos entre $11.900.00 y $16.065.000, por conceptos de arriendo de torres de iluminación, sistemas de audio, escenario y pantallas LED, y que en total suman $69.079.500 (1.644 UTM).

El acuerdo por el segundo punto se firmó con la empresa Producciones Juan Garay Lizama Peña EIRL, cuyos contratos se fragmentaron por montos que van desde los $18.345.700 (383 UTM) a los $23.864.160 (498 UTM) –justo en el límite para que la transacción no necesitara aprobación del concejo municipal– y que suman un total de $179.615.840, es decir 3.748 UTM (UTM Septiembre: $47.920).

Reparos al Maipeluza

La de este año fue la segunda edición del festival Maipeluza, iniciativa que la alcaldesa Cathy Barriga implementó en su primer año como líder comunal, y que en ambas ocasiones se ha realizado en el Cerro Primo de Rivera y en esta versión, contó con la participación de bandas como Los Jaivas, Sinergia, Los Vikings 5, La Combotortuga, Amar Azul, Chancho en Piedra, Cantando Aprendo a Hablar, entre otros.

El cerro que alberga el festival está calificado como “patrimonio” y es administrado por el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo que, luego de la primera edición, realizó una serie de indicaciones al municipio debido a los cuestionamientos de los vecinos del sector, especialmente relacionados con el impacto de la implementación de estacionamientos masivos y las molestias relacionadas con asistentes en estado de ebriedad.

“La comunidad y los concejales no estábamos de acuerdo con hacerlo este año pero la alcaldesa lo quería impulsar igual. Se dio a entender que no íbamos a estar disponibles para aprobar las compras que tuvieran relación con este evento, por lo tanto, ella no llevó ninguna compra al concejo y todas se hicieron por montos menores a los que se necesitan para ser ingresados”, asegura Gonzalo Ponce.

De este modo, si bien aún no están disponibles las cifras oficiales, las primeras estimaciones señalan que para el evento se habrían gastado más de $124 millones en compras externas, excluyendo los dos ítems señalados previamente, por conceptos como ornamentación, adquisición de comestibles y bebestibles, arriendo de containers, palets, ambulancias, juegos, afiches y publicidad en medios (solo por un aviso en Las Últimas Noticias se gastaron $2.183.293).

Ponce además cuenta que, días antes de que se iniciara el festival, la alcaldesa propuso discutir la contratación de guardias en el concejo municipal, pero el debate fue rechazado, y tras ello fue que se gestionó la maniobra.

“En este caso en particular se deberá verificar en concreto si se dan los supuestos de compras sucesivas por montos bajo la cifra que permite la ley, y de ser así, Contraloría cuenta con larga jurisprudencia que considera esas transacciones como fragmentadas”, explica Luis Cordero Vega, abogado experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile.

“El paso siguiente es que Contraloría va a requerir un informe a la alcaldesa en el que va a tener que justificar por qué segmentó las compras. Y en Chile, si acreditan que fragmentaste con la finalidad de eludir la licitación pública, la ley lo considera como infracciones a la probidad que es una de las causales de solicitud de remoción para alcaldes, bajo la tipología de notable abandono de deberes”, agrega.

Este caso se suma a una serie de polémicas que la alcaldesa de Maipú ha protagonizado, como el dictamen de Contraloría que le ordenó frenar el “uso abusivo” de su imagen en anuncios municipales; cuando volvió a celebrar el cumpleaños de su hijo en el municipio pese a que ya había un fallo que se lo impedía, y cuando grabó el “Kiki Challenge” en un vehículo municipal cuando también ya había un pronunciamiento que lo prohibía.

El vínculo de Luis Japaz

Otro de los datos llamativos es que una de las productoras mencionadas en el requerimiento (Lizama Producciones) también se adjudicó 43 compras entre 2009 y 2015 en la municipalidad de Renca, en el mismo período en que Vicky Barahona (UDI) fue alcaldesa de dicha comuna, acompañada por quien hoy es el asesor más cercano de Cathy Barriga: Luis Japaz.

Militante UDI, odontólogo, miembro del Club Sirio Unido y ex participante del programa “Cachureos”, Japaz actualmente ocupa el cargo de coordinador general en la municipalidad de Maipú, cargo que no existe en el organigrama original y que se creó luego de su llegada, a comienzos de 2017.

Originalmente llegó como asesor de comunicaciones de Barriga, pero con el tiempo sus responsabilidades fueron aumentando hasta que se convirtió en la mano derecha de la alcaldesa. De hecho, desde el interior del municipio comentan que se ha transformado prácticamente en su “sombra”, que es casi imposible que Barriga aparezca en una actividad pública sin él, que todo lo que esté dirigido a la alcaldesa debe pasar por él primero y que incluso es el encargado de gestionar sus redes sociales y subir sus historias a Instagram.

De acuerdo al portal de Transparencia, Japaz recibe una remuneración a honorarios de $4.555.555 mensuales y se le sindica como uno de los representantes de la UDI en el municipio, ya que además pertenece a la Fundación Jaime Guzmán.

Por otra parte, en su paso por la municipalidad de Renca, dirigió la Corporación Municipal de Educación y Salud, ascendió a director de Desarrollo Comunitario y luego a administrador municipal hasta que en 2016 fue candidato a alcalde. Sin embargo, perdió ante el DC Claudio Castro con el 26.9% de los votos.