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Incapacitado para gobernar: Tras perder el control con las preguntas Daniel Jadue se ha bajado de TRES debates

¿Si Jadue gana las primarias lo tendremos haciendo el loco y bajándose de todos los debates hasta noviembre? Horrible candidato

Imaginen si Piñera fuera candidato otra vez y que tras perder el control ante las preguntas de los periodistas se bajara de todos los debates en la última semana de campaña… ¿Lo haríamos mierda cierto? Ya. Daniel Jadue acaba de hacer lo mismo, más encima mintiendo de manera descarada aduciendo «problemas de agenda». Un absurdo considerando que los debates ya estaban agendados.
Al final, esto demuestra el pésimo candidato que siempre fue Daniel Jadue. Una cosa es ser un excelente alcalde, otra muy diferente estar a cargo de un país. Un candidato a presidente debe estar dispuesto a responder todos los cuestionamientos que le hagan. En ese sentido, lo mejor que le puede pasar al PC es que Jadue pierda las primarias y comenzar a proyectar desde ya a Camila Vallejo. Ahí tienen a una candidata de peso y sin los evidentes defectos de carácter que tiene Jadue.

Fuente: gamba.cl/2021/07/incapacitado-para-gobernar-tras-perder-el-control-con-las-preguntas-daniel-jadue-se-ha-bajado-de-tres-debates/

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Miles de manifestantes toman las calles en Cuba al grito de «libertad»

Las manifestaciones han surgido en un momento de fuerte crisis en Cuba, que sufre una preocupante escasez de medicamentos y productos básicos, y además pasa por la tercera y peor ola de COVID-19, con índices de contagios extremadamente altos en las regiones más afectadas.

Cientos de cubanos salieron este domingo a las calles de La Habana al grito de «libertad» en manifestaciones pacíficas, que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del Gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. Los choques entre los manifestantes y los pro-Gobierno se produjeron en el céntrico Parque de la Fraternidad, frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de un millar de personas con una fuerte presencia de las fuerzas militares y policiales, que llevaron a cabo varios arrestos.

Sin embargo, un grupo de varios cientos de manifestantes logró evadir el cordón policial y se dirige en masa por el emblemático Paseo del Prado hacia el Malecón con los brazos en alto y gritando consignas como «libertad», «patria y vida» y «dictadores», en referencia a los dirigentes del país.

Al lugar también acudieron brigadas organizadas de partidarios del Gobierno, que gritan «Yo soy Fidel» o «Canel, amigo, el pueblo está contigo». El suceso podría hacer historia, ya que es la primera vez que un grupo grande de cubanos sale a las calles de La Habana a protestar contra el Gobierno desde el famoso «Maleconazo» de 1994, en plena crisis del «período especial».

Apagón de internet

Prueba de la gravedad de la situación es que las autoridades han cortado el servicio de datos móviles de internet en todo el país, presumiblemente para evitar que se difundan videos de las protestas y mermar la capacidad de convocatoria de los participantes.

La manifestación en La Habana llega después de una oleada de protestas espontáneas este mismo domingo en diferentes puntos del país, la primera de ellas en San Antonio de los Baños, donde una masa de personas salió a las calles para pedir libertad y criticar al Gobierno por la falta de alimentos, medicinas y los continuos apagones que sufre esta localidad, que está 30 kilómetros al este de la capital.

La manifestación de San Antonio, duramente reprimida por la Policía según relataron testigos a Efe, fue transmitida en directo por Facebook hasta el corte de internet, lo que presumiblemente encendió la mecha de actos similares en otras localidades como Güira de Melena y Alquízar (occidente), Palma Soriano (oriente), Cienfuegos (centro) y La Habana.

Díaz-Canel culpa a EE.UU.

Las manifestaciones han surgido en un momento de fuerte crisis en Cuba, que sufre una preocupante escasez de medicamentos y productos básicos, y además pasa por la tercera y peor ola de COVID-19, con índices de contagios extremadamente altos en las regiones más afectadas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha comparecido hoy en dos ocasiones. Primero acudió a San Antonio de los Baños donde, acompañado de un grupo de partidarios y fuerzas de seguridad, acusó a «gente mercenaria pagada por el gobierno de Estados Unidos» de organizar las protestas.

Más tarde habló en directo por la cadena de televisión estatal, en la que instó a sus partidarios  este domingo  a salir a las calles listos para el «combate», como respuesta a las protestas contra su gestión.

Fuente:eldesconcierto.cl/internacional/2021/07/11/cientos-de-manifestantes-toman-las-calles-en-cuba-al-grito-de-libertad.html

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Nacionalización del Cobre: la idea que unió a izquierda, centro y derecha en un año convulso

LA   TERCERA

por Felipe Retamal

El once de julio de 1971 -hace exactos 50 años-, el Congreso pleno aprobó uno de los proyectos más importantes del gobierno de Salvador Allende; la reforma constitucional que permitía la nacionalización de los principales yacimientos mineros de cobre, que por entonces representaba el 75% de las exportaciones del país. En charla con Culto, dos historiadores y un testigo de la época, analizan el consenso que logró la iniciativa y repasan la trayectoria histórica, de al menos tres décadas, en que la idea se asentó entre las fuerzas políticas del país.

Pasó medio siglo por la memoria, pero Jorge Arrate aún recuerda el día en que el presidente Salvador Allende Gossens lo nombró vicepresidente de Codelco. “Yo trabajaba con él en La Moneda como asesor económico, simplemente tuve que caminar unos metros -recuerda al teléfono con Culto-. Me convocó a su despacho y ahí me informó que había decidido nombrarme a cargo de la Corporación del Cobre”.

Promediaba 1971. La decisión del mandatario de poner a Arrate a cargo de la compañía fue parte de un movimiento mayor; la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional a la Ley N°17.450 que permitió la nacionalización de los yacimientos de cobre, por entonces administrados por compañías extranjeras, en particular, estadounidenses. Desde entonces, el estado controlaba la explotación del metal rojo desde las entrañas del desierto nortino.

“Allende me dijo que el equipo que había estado trabajando hasta ese momento había cumplido un ciclo, que era llevar adelante el proyecto de nacionalización, y que ahora había que hacerse cargo de avanzar la nacionalización”, explica el exministro. Y detalla que eso significaba “recibir las compañías, las empresas, las minas y enfrentar todos los problemas que significaba llevar adelante”.

Una idea que generó consenso

El proyecto de nacionalización era parte de las reformas estructurales estipuladas en el programa de gobierno de la Unidad Popular. “La voluntad de nacionalización de la Gran Minería del Cobre estaba (como señala Joaquín Fermandois), en la sangre de la izquierda chilena”, explica a Culto, Eduardo López, historiador de la UDD y la Universidad Alberto Hurtado. “Se debe recordar, que el el Programa básico de gobierno de la Unidad Popular se trató de una propuesta donde el factor económico fue determinante”.

Según los datos de Patricio Meller, para 1970 la producción de la gran minería del cobre representaba nada menos que el 75% de las exportaciones chilenas. “En la primera mitad de la década del 50, la tributación al cobre constituía más del 30% de la recaudación fiscal; en el año 1955 dicho porcentaje casi llega al 50%. En síntesis, el cobre generaba el 75% de las divisas y aportaba el 30% de los ingresos tributarios”, agrega en su estudio El cobre chileno y la política minera.

Pero no se trató de una iniciativa aislada en el tiempo; en el gobierno anterior, del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, se desarrolló la “chilenización”, en que el estado incorporó a la economía nacional la gran minería del cobre a través de mecanismos como la adquisición del 51% de las acciones de las compañías extranjeras presentes en el país.

Por ello, se trataba de una iniciativa que había estado en el debate entre los salones universitarios, los comandos de los partidos políticos y las oficinas de profesionales y técnicos. “Hacia 1970 ya existía un consenso bastante amplio en la sociedad chilena, particularmente a nivel político, sobre la necesidad de nacionalizar el cobre”, explica Alejandro San Francisco, historiador, profesor de la Universidad San Sebastián y Pontificia Universidad Católica.

De allí se explica, en parte, el respaldo unánime que tuvo la reforma constitucional aprobada por el Congreso el 11 de julio de 1971. Ese día, los tres tercios de la política chilena, apoyaron la iniciativa o al menos, no se opusieron a ella. Nada menor, tras una cerrada disputa por la presidencia menos de un año atrás.

“La coyuntura electoral de 1970 se inscribió en el marco de un activismo social y político determinado por la sensación de encontrarse el país en una crisis multidimensional. En este contexto, todas las candidaturas coincidieron en el diagnóstico de la necesidad de un cambio drástico del desarrollo económico. Por tanto, la nacionalización del cobre fue un anhelo ampliamente esperado por la población”, detalla Eduardo López.

Incluso, la reforma salió adelante con el apoyo tácito de la derecha pese a que el sector cuestionó sin rodeos al programa de la UP. “Francisco Bulnes, del Partido Nacional, argumentó que en la elección de 1970 casi el 65% de la población había apoyado a candidatos que respaldaban esa propuesta, por lo que no querían estorbar su desarrollo con más problemas en el camino”, explica Alejandro San Francisco.

“Adicionalmente, sostuvo que estaban de acuerdo con los lineamientos centrales de la propuesta gubernamental y que ser partidarios de la propiedad privada no excluía que en determinadas oportunidades hubiera actividades económicas que pudiera desarrollar el Estado en forma excepcional”, agrega.

Según Eduardo López, la derecha comprendió que era una idea demasiado arraigada como para cuestionar. “Ese sector no tenía ni la fuerza ni las ideas económicas para formular un proyecto económico alternativo. En segundo término, en el terreno político del momento no enfrentó a la UP. Entendía que el consenso transversal del proyecto de nacionalización lo tenía perdido”.

“La derecha no solo apoyó la aprobación de la reforma el 11 de julio de 1970, sino que no la cuestionó”, agrega.

En una línea similar argumenta Jorge Arrate. “[En la derecha] entendían que esta era una idea tan poderosa que se había hecho como una bola de nieve, entonces era imposible enfrentarla en contra. Por eso votaron a favor de la reforma constitucional; un ejemplo de aquellos casos en que la lucha política de masas conduce a una idea a convertirse en ley”.

Durante esa jornada en el Congreso, la Democracia Cristiana también apoyó la reforma. Un gesto no menor, ya que había pasado poco más de un mes del asesinato del exministro democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic, adjudicado a un comando de extrema izquierda, lo que tensionó las relaciones entre la UP y el partido de la Falange.

“La Democracia Cristiana sostuvo que el proceso había comenzado con Frei, y Renán Fuentealba (senador y expresidente de la DC) destacó en su discurso el compromiso de su partido con la reforma”, detalla Alejandro San Francisco.

En efecto, el candidato presidencial de la DC en 1970, Radomiro Tomic, proponía la nacionalización en tanto continuidad de la “chilenización” iniciada en la administración Frei Montalva. Así se lee en la página 10 de su programa, publicado el 14 de junio de ese año. “Se nacionalizará inmediata e integralmente las principales empresas de cobre, completándose el proceso iniciado en el actual gobierno”.

Salvador Allende y Radomiro Tomic. Foto Fondo Histórico Copesa

Del Nuevo Trato a la Chilenización

La idea de incorporar la gran minería del cobre al sector público ya se discutía desde al menos la década del cuarenta, en los días de impulso al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero fue en la década siguiente cuando comenzaron a verse los primeros pasos.

Según Jorge Arrate, el primer hito ocurrió en 1952. “Hay una fotografía muy bonita, cuando dos dirigentes del Partido Comunista, Elías Lafferte y Salvador Ocampo, perseguidos por la Ley Maldita, le entregaron un proyecto de nacionalización a un senador socialista que se llamaba Salvador Allende, pero antes de eso, en las años treinta y cuarenta ya se discutía”, explica.

En rigor, la propuesta presentada por Allende (quien representaba a las regiones de Tarapacá y Antofagasta) consistía en implementar el estanco del comercio y explotación del mineral rojo, además de levantar una Corporación del Cobre. Años después presentó otra iniciativa -firmada junto a otros senadores- que obligaba a las empresas productoras a constituirse como sociedades anónimas chilenas, sujetas a las fiscalización de un órgano estatal.

Incluso, el diputado liberal Mariano Puga Vega planteó la necesidad de legislar al respecto en un discurso ante la Cámara en junio de 1951. “Los chilenos tenemos una aspiración legítima, que nadie tiene derecho de contrarrestar: que los productos de nuestra tierra no salgan al extranjero en estado primario, o sea, que no salgan, como ocurre con el cobre, especialmente, en barras, sino que se envíen elaborados”.

Vista del Mineral de Chuquicamata en 1975. Colección Biblioteca Nacional de Chile.

El interés no fue casual. Como en otros momentos, los eventos internacionales alcanzaron a generar repercusiones en Chile. “Hasta la Guerra de Corea en 1950, la industria del Cobre no adquirió protagonismo en las discusiones de la economía nacional e internacional”, explica Eduardo López.

“Con el término del conflicto se instaló la primera discusión a nivel local sobre el Cobre. Estados Unidos introdujo un precio máximo (24,5 centavos de libra) que fue una medida de congelamiento de precios -explica el historiador-. Esta tuvo profundas repercusiones en una economía chilena cada vez más dependiente de los tributos que generaba la gran minería del cobre en manos norteamericanas”.

Por ello es que el asunto se instaló en la discusión nacional. “Cada vez se hizo más perceptible la idea de que los gringos se llevaban los recursos más importantes de Chile, dejando menos beneficios de los que la sociedad y su clase política creían merecer -detalla Alejandro San Francisco-. Esto fue preparando el camino a una idea que hacia 1970 era claramente hegemónica, como se comprobaría con la aprobación unánime de 1971, uno de los pocos consensos que existió en el Chile de la Unidad Popular”.

Fue así que la idea comenzó a permear las iniciativas de los gobiernos. Por ello, en 1955, durante la segunda administración de Carlos Ibáñez del Campo, se implementó la llamada Ley de Nuevo Trato (Ley N° 11.828). En el estudio Historia política y tributaria del cobre en Chile, elaborado por la Biblioteca del Congreso, se detalla que dicho cuerpo legal “junto con crear el Departamento del Cobre, pretendió establecer un régimen tributario para las empresas de la Gran Minería del Cobre manejando el interés con relación al aumento de la producción”.

Hacia la convulsa década de los sesentas, el tema del cobre se hizo ineludible para quienes aspiraban a llegar hasta el sillón de La Moneda. “En las elecciones de 1958 todos los candidatos tuvieron una postura frente a la gran minería del Cobre -detalla Eduardo López-. Si bien ninguno propuso la nacionalización, Frei y Allende promovían cambios sustanciales a la relación del estado chileno con las empresas norteamericanas”.

Eduardo Frei Montalva

Presidente Eduardo Frei Montalva

Así se llega hasta la “chilenización”, implementada en el gobierno de Frei Montalva. Una iniciativa que según el citado estudio del Congreso, buscaba estimular la inversión extranjera en la minería, bajo el marco legal de la Ley de Nuevo Trato, pero con énfasis en algunos aspectos fundamentales.

“Al término de su mandato, el Presidente Frei sintetizaba de la siguiente manera los fines perseguidos con su ’ chilenización’ puesta por obra en 1964: a) duplicar la producción de cobre chileno; b) alcanzar la participación del Estado en la propiedad de las empresas cupreras; c) integrar la industria del cobre a la economía nacional; d)refinar en Chile el máximo de la producción posible; y e) lograr una activa participación del Estado en la comercialización del cobre en los mercados mundiales”.

Pero la idea de la nacionalización pervivió en el ideario de la izquierda. De allí su incorporación en el programa presidencial de Allende en 1970. “El diagnóstico de la UP observó que la naturaleza mono-exportadora del país implicaba que el vértigo de las fluctuaciones de precio en los mercados mundiales ejerciese un profundo impacto sobre la balanza de pagos de Chile y sobre los ingresos del gobierno”, explica Eduardo López.

También había una lectura política. “En el oficialismo –los partidos Radical, Comunista y Socialista, por ejemplo– enfatizaron que con la nacionalización Chile consolidaba su independencia y que era una medida trascendental para la revolución que vivía el país”, detalla Alejandro San Francisco.

Vista de la ciudad minera de Sewell en 1975. Colección Biblioteca Nacional de Chile.

La medida más importante de la UP

Tras aprobarse la reforma constitucional que permitía la nacionalización, enfocada en cinco grandes yacimientos (Chiquicamata, El Salvador, La Exótica, La Andina, y El Teniente), a mediodía del 11 de julio de 1917, el presidente Allende pronunció un discurso en la plaza de Los Héroes de Rancagua. Jorge Arrate cuenta que no pudo acompañarlo en aquella oportunidad.

Yo trabajaba en La Moneda junto con mi amigo, y desaparecido hasta hoy, Arsenio Guzmán que era el asesor jurídico -recuerda-. Nos turnábamos para acompañar al presidente, y ese día fue Arsenio”.

Cuatro días después, el mandatario firmó en el comedor de La Moneda el decreto promulgatorio de la reforma constitucional -redactado por el abogado Eduardo Novoa Monreal-. En la ceremonia -cuyo registro está disponible en YouTube- participaron autoridades como el cardenal Raúl Silva Henríquez, los presidentes del Senado y la Cámara (Patricio Aylwin y Eduardo Cerda, respectivamente), los jefes de las Fuerzas Armadas, el contralor general de la república, el presidente de la Corte Suprema, y dirigentes sindicales como Víctor Diaz y Héctor Olivares.

Afiche diseñado por Vicente Larrea

La UP celebró el acontecimiento echando mano a su iconografía clásica. “Chile se pone los pantalones largos: ahora el cobre es chileno”, rezaba el afiche diseñado para la ocasión por Vicente Larrea. Tiempo después, el grupo Quilapayún grabó el tema “Nuestro cobre”, de Eduardo Yáñez, en que homenajean a la “carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada”.

Para Jorge Arrate, el proyecto de nacionalización es la medida más importante implementada durante los mil días de Allende. “Sin desmerecer otras iniciativas pero yo creo que ese es el gran legado de gobierno de la Unidad Popular, el habernos dejado una riqueza que ha ido incrementando cada año los recursos públicos”.

Por su lado, Eduardo López detalla que el proyecto fue un paso clave en la política económica del gobierno. “La estrategia de largo plazo fue concentrada en la nacionalización de las principales materias primas disponibles en el país, especialmente, el cobre, en la estatización de las empresas, de la banca y en la profundización de la reforma agraria. Allende inició una política de nacionalizaciones y expropiaciones desató la resistencia de la derecha política y el empresariado. Al mismo tiempo, acrecentó las demandas de los trabajadores y de algunos sectores que abogaron en la práctica de ir más allá de los propuesto en el Programa de la UP”.

Fuente:atercera.com/culto/2021/07/10/nacionalizacion-del-cobre-la-idea-que-unio-a-izquierda-centro-y-derecha-en-un-ano-convulso/

LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA NACIONALIZACION DEL COBRE CHILENO POR PARTE DEL COMPAÑERO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, NOS DEBE LLEVAR A PROFUNDIZAR NUESTRA LUCHA PARA LA RENACIONALIZACION DEL COBRE, NACIONALIZAR EL LITIO Y NACIONALIZAR EL AGUA.

ESTA LUCHA ES TAREA DE TODAS Y TODOS

EN LA ACTUALIDAD  ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EN LA ACTUALIDAD CODELCO SOLO TIENE EL CONTROL DE SOLO EL 20% DE LA PRODUCCION TOTAL DE COBRE , EL 80% DE ESTA RIQUEZA QUE LE PERTENECE AL PUEBLO CHILENO ESTA EE MANOS DE EMPRESAS PRIVADAS.

UN 10% EN MANOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CHILENAS Y EL 70% EN MANOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES.

LA TAREA ES DE RECUPERAR ESE 70% Y DE ESA FORMA CODELCO PASRIA A TENER EL CONTROL DEL 90% DE LA PRODUCCION DEL COBRE CHILENO.

DE ESA FORMA CODELCO ANUALMENTE PUEDE GENERAR EXCEDENTES DEL ORDEN DE USD$ 25.000 -35.000 MILLONES DE DOLARES ANUALES AL ESTADO CHILENO, DEPENDIENTO DEL RPECIO DEL METAL ROJO.

HAU UN ECHO QUE PREOCUPA BASTANTE , LOS PRESIDENCIALES NO HABLAN DE ESTE TEMA QUE ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS. JADUE…EL CANDIDATO DEL PC…NO MENCIONA ESTE TEMA EN SU PROGRAMA ECONOMICO, QUE ES UNA MEZCLA DE POLITICAS NEOLIBERALES Y MARXISTAS ORTODOXAS FRACASADAS AMBAS EN TODO EL MUNDO.

PAULA NARVAEZ Y BORIS PLANTEAN EL AUMENTO DEL ROYALTY MINERO , UNA PASO ADELANTE, PERO LO QUE NECESITAMOS A LA BREVEDAD ES RECUPERAR EL COBRE PARA CHILE Y SU PUEBLO, EN OTRAS PALABRAS RENACIONALIZARLO.

EL TEMA DEL COBRE HA ESTADO VIGENTE EN EL EXTERIOR DESDE HACE MUCHOS AÑOS Y ES HOY DIA UN TEMA DE ESTUDIO Y ANALISIS AL INTERIOR DE LA SEGUNDA Y TERCERA GENERACION DE CHILENAS Y CHILENOS RESIDENTES EN LA SEGUNDA REGION MAS GRANDE DE CHILE , LA REGION EXTERIOR.

UNA PRUEBA CONCRETA DE ELLO ES EL TRABAJO ACADEMICO DE AMANDA THYNELL , MASTER DE ECONOMIA DE EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO (SUECIA) ESTE TRABAJO  DE AMANDA ESTA EN INGLES Y ES DE HACE SOLO UNOS MESES.

AMANDA THYENLL ES MIEMBRA DE LA FEDERACION NACIONAL CHILENA DE SUECIA .

Chilean struggle for rent on its natural resources

RED. CHILENSKA

 

 

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CHILENSKA TE INFORMA : SENADORA ISABEL ALLENDE PRESENTA MOCION EN EL SENADO QUE PERMITE EL DERECHO AL VOTO SIN NECESIDAD DE AVENCINDARSE 1 AÑO.

CHILENSKA TE INFORMA

LA MOCION PRESENTADA POR LA SENADORA ISABEL ALLENDE ES DE GRAN SIGNIFICACION PARA LOS (LAS ) MILES DE COMPATRIOTAS QUE  HAN NACIDO EN EL EXTERIOR Y DESPUES DE  HABER OPTADO POR LA NACIONALIDAD CHILENA SE LES NIEGA SU LEGITIMO  DERECHO AL SUFRAGIO YA QUE NO SE HAN AVENCINDADO EN CHILE 1 AÑO.

MEDIDA ESTA TOTALMENTE DESCRIMINATORIA HACIA LOS MILES Y MILES DE CHILENOS Y CHILENAS NACIDOS EN EL EXTERIOR.

CONFIAMOS QUE LA MAYORIA DE LOS SENADORES (AS) Y COMO ASIMISMO LOS ( LAS)  DIPUTADOS (AS) APOYEN LA INCIATIVA DE LA SENADORA ALLENDE.

DEBEMOS PROFUNDIZAR NUESTRA LUCHA PARA QUE EN LA NUEVA CONSTITUCION QUEDA ESTABLECIDA LA REGION EXTERIOR Y DE ESA FORMA PODAMOS ELEGUIR NUESTROS PROPIOS  REPRESENTANTES EN EL PARLAMENTO CHILE.

LA COMUNIDAD CHILENA RESIDENTE EN EL EXTERIOR SOMOS HOY DIA ALREDEDOR DE 2.000.000 DE CONNACIONALES, SIENDO DE ESTA FORMA LA SEGUNDA REGION MAS GRANDE DE CHILE.

GRACIAS ESTIMADA SENADORA ALLENDE POR SU MOCION , COMO ASIMISMO SU LARGA LUCHA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD CHILENA RESIDENTE EN EL EXTERIOR. 

SIEMPRE HEMOS ENCONTRADO LAS PUERTAS ABIERTAS DE SU OFICINA EN EL SENADO PARA DIALOGAR CON UD.

DIR. CHILENSKA

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Michelle Bachelet pide que se investiguen las muertes en Cali

Una mujer llora la muerte de un manifestante en Cali.

”Es esencial”, afirma en un comunicado la responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que los responsables de las agresiones ”respondan ante la ley”, ”incluidos funcionarios del Estado”.

 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación el domingo (30.05.2021) por los enfrentamientos en la ciudad colombiana de Cali, y pidió diálogo y que se investiguen las muertes. Su oficina ha recibido informes de que 14 personas murieron y 98 resultaron heridas -54 por disparos- en los enfrentamientos que tuvieron lugar en los dos últimos días en el contexto de protestas ciudadanas, en las que se detectó la presencia de civiles armados. 

”Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, dijo Bachelet en un comunicado.

Cali, con unos 2,2 millones de habitantes, es epicentro de violentas protestas y bloqueos de vías que exasperan a una parte de la población. Arrinconado por las protestas, el presidente colombiano, Iván Duque, desplegó el ejército en la ciudad bajo la figura de asistencia militar que permite a los soldados apoyar a la policía en las tareas de vigilancia.

Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre, que estaba fuera de servicio, y lo linchó. La Alta Comisionada indicó que su oficina recibió informaciones sobre individuos armados, incluido el oficial fuera de servicio, que habrían disparado en dirección a los manifestantes, periodistas y transeúntes, así como sobre la muerte de dicho funcionario.

”Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”, indicó la expresidenta chilena, que pidió diálogo para resolver las demandas de los manifestantes y de quienes se oponen a las protestas. Al menos 30 personas han sido detenidas en Cali desde el día 28 y se pidió para ellos un proceso con todas las garantías legales.

Fuente:.dw.com/es/michelle-bachelet-pide-que-se-investiguen-las-muertes-en-cali/a-

FUERZA HERMANXS COLOMBIANXS
FUERZA CALI
AMERICA LATINA DESPERTO…
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

 

RED. CHILENSKA

 

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Senadora Isabel Allende acusa ”molestia” por ”falta de respeto” de Daniel Jadue: ”Es un poquito demasiado” apelar que él representa el legado de Salvador Allende

La senadora socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende, habló sobre los últimos desencuentros de su partido con los comunistas, luego de que el candidato de dicho partido, Daniel Jadue, llamara hace unas semanas a las bases del PS para conseguir su apoyo.
La senadora Isabel Allende, admitió abiertamente está ”molesta” y con una sensación de ”falta de respeto” con Jadue, luego de que éste solicitara el apoyo de la militancia del PS, apelando a que el legado de Salvador Allende se apegaba más a él. ”Eso es un poquito demasiado”, dijo la hija de ex Presidente.

La parlamentaria señaló que “me provocó molestia como a todos los socialistas, una sensación de falta de respeto. Uno no hace eso con otro partido, uno tiene que ser leal”.

“(Jadue) sabe que nosotros tenemos una candidata y es inentendible que haga ese llamado a las bases socialistas. Y más aludiendo a Salvador Allende, que nunca dejó su partido de toda la vida. Como siempre decía él, ‘todo lo que he sido se lo he dado a mi partido””, agregó.

Sobre el uso de la figura de su padre, la senadora dijo que “la figura de Salvador Allende no le pertenece solamente al Partido Socialista. Es una figura nacional e internacional. Hasta el día de hoy me encuentro con gente en Bélgica, en Francia, que me dicen, ‘yo entré al Partido Socialista por Salvador Allende’. Entonces, obviamente que es un referente universal, pero eso no quita que uno tiene que ser cuidadoso y respetuoso”.

Sobre la apropiación que ha hecho Jadue respecto a decir que se considera un heredero de su forma, la senadora es enfática: “Eso es un poquito demasiado. No es adecuado hablar de herederos de Salvador Allende, nosotros no lo hacemos y no debiera hacerse. Salvador Allende es un referente nacional e internacional”.

“Una cosa es que el PC fue un partido leal con Salvador Allende, otra decir que eres su heredero. No, por supuesto que no“, remató.

Fuente: cambio21.cl/politica/senadora-isabel-allende-acusa-molestia-por-falta-de-respeto-de-daniel-jadue-es-un-poquito-demasiado-apelar-que-l-representa-el-legado-de-salvador-allende

LA CAMPAÑA DE JADUE PIDIENDO EL APOYO DE LOS SOCIALISTAS Y ALLENDISTAS A SU CAMPAÑA AUTODENOMINANDOSE COMO ALLENDE VERSION 2 , FUE EN TERMINOS OBJETIVOS UNA GRAN ESTUPIDEZ. PERO JADUE QUE NUNCA RECONOCE UN ERROR NO LO QUIERE RECONOCER.

EL COMPAÑERO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE ES LA  FIGURA POLITICA CHILENA MAS CONOCIDA , QUERIDA Y RESPETADA  A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL.

QUIENES VIVIMOS EN EL EXTERIOR HEMOS PODIDO CONSTATAR DE ELLO. PARLAMENTARIOS, DIRIGENTES SINDICALES, DIRIGENTES SOCIALES Y PUEBLO EN GENERAL HABLAN CON RESPETO Y ADMIRACION DEL COMPAÑERO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE.

EL LEGADO  HISTORICO DEL COMPAÑERO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE   ES  COMO LO DICE SU HIJA LA SENADORA ISABEL ALLENDE (PS) ES UN PATRIMONIO UNIVERSAL NO SOLO DEL PS .

LA PALIZA QUE RECIBIO EL PC, EN LA ULTIMA ELECCION DE LA CUT, DONDE EL PS LO SUPERO EN MAS DEL 100% DE LOS CONSEJEROS NACIONALES ELEGUIDOS, MUESTRA QUE EL PS  Y  EL ALLENDISMO DESPERTARON.

RED. CHILENSKA

ALLENDE VIVE EN LA MEMORIA COLECTIVA DE SU PUEBLO

 

 

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SUECIA Y EL PROCESO CONTRA PIÑERA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA HAYA (CPI)

Por  Pablo Fuentes E.

Desde el inicio del estallido social en octubre del 2019 se han estado haciendo diferentes esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH en Chile. 

 

La primera iniciativa internacional  al respecto fue tomada por la red jurídica de DDHH Observatorio Chileno de Derechos Humanos, basada en Suecia. Entrevistamos al jurista Esteban Calderón, uno de los integrantes de la organización, para saber más sobre el proceso. 

Esteban Calderón

¿Como se dio que fue una red sueca-chilena que inició el proceso legal ante La Haya?

– Pues la verdad es que el nivel de violencia estatal desatada en Chile en octubre del 2019 nos impactó a todos. Solo días después del inicio del estallido creamos la red en conjunto con colegas en Chile, que nos pedían ayuda del exterior durante esa semana oscura con militares en las calles.

A principios no estábamos claros en cómo asistir desde afuera, pero pronto nació la idea de iniciar diligencias hacia la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI). El problema en ese entonces era de carácter legal; los límites formales expuestos en el Estatuto de Roma, el documento fundamental para el accionar de la Corte.

A pesar de tanta violencia policial y militar en las primeras semanas del estallido, llegamos a la triste conclusión de que necesitábamos esperar y tener paciencia, para lograr el cumplimiento de las condiciones legales necesarias para activar la participación desde la CPI.

 Fue una espera muy agonizante y dolorosa durante un periodo de una vergonzosa inactividad judicial en Chile, pero una espera necesaria ya que el Estatuto de Roma requiere explicítame un alto nivel sistemático o generalizado de violaciones a ciertos DDHH para poder activar sus primeras medidas sobre posibles Crímenes de Lesa Humanidad, algo que solo estaría confirmado al pasar del tiempo. 

El 18 de diciembre concluimos que ya existía la información y los datos necesarios para enviar un primer dossier legal basado en el artículo 15 del Estatuto. Con esa diligencia el tema ya estaba “en la mesa” de la Oficina del Fiscal de la CPI, iniciando un largo proceso administrativo y pre-investigatorio. 

¿Entonces uds llevan el caso ante la CPI?

– De ninguna manera. Formalmente somos sólo otorgadores o comunicadores de información, en inglés denominados formalmente  “Article 15 communication senders”. Y aunque fuimos los primeros, en este proceso no existe ni existirán individuos que “lleven” el caso, ya que ese rol, ese protagonismo procesal, le pertenece exclusivamente al Fiscal de la Corte.

Es una fundamental diferencia a las condiciones que llevaron al Juez Baltasar Garzón a procesar a Pinochet en 1998. En ese entonces no existía la CPI y el derecho penal internacional aún estaba desarrollándose hacia las condiciones actuales.

También hay que recordar que todos nuestros escritos legales han sido basados en información enviada por nuestros contactos en Chile. Si a alguien le pertenece algún honor en este proceso es a ellos/ellas que se arriesgan tanto sus carreras como su integridad y seguridad física. 

¿Y cuando se esperarán los resultados desde La Haya?

Pues, eso es tema de justicia legal y esa lamentablemente, tarda en llegar. Pero considerando el actual proceso israelí que tomo como cinco años en pasar a la fase investigadora, y el venezolano que ya lleva tres años en la inicial fase de examinación preliminar, creo que es prudente no generar muy altas expectativas. Pero lo más probable es que el actual tema chileno en la CPI avance algo en 2022 en sus primeros pasos pre-investigatorios.

Eso si, todo depende de las actuales condiciones legales en Chile y también es posible que la CPI esperaran los resultados de las elecciones en 2021 y sus consecuencias judiciales, antes de decidir sobre el tema. 

¿Puedes elaborar más sobre estas condiciones en Chile?

– Si bien indudablemente existen las condiciones materiales y de competencia para intervenir desde La Haya con respecto a Chile, un posible inicio a un examen preliminar por la CPI dependerá de la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público de Chile con respecto a los procesos de DDHH.

 ¿Están las instituciones judiciales chilenas a la altura de sus funciones constitucionales o están incumpliendo con sus deberes nacionales e internacionales como lo hicieron durante la dictadura? Pues eso tendrá que resolver la Fiscalía de la CPI y si concluyen que la justicia en Chile está inactiva o ausente, por omisión o falta de autonomía judicial o algo por el estilo, pues entonces no me cabe duda de que la CPI se verá obligada a intervenir.

 Simplemente por su propio precedente venezolano, considerando que la situación en Chile suele ser aún más grave. 

Para el Estado de Chile entonces solo le queda una clara posibilidad para evitar una internacionalización de las violaciones a los DDHH del estallido social; castigar penalmente a todos los culpables y reparar a las víctimas. De esa manera demostrara el país a La Haya que Chile está a la altura de garantizar justicia y así mantendrán jurisdicción exclusiva sobre el tema. Al ser lo contrario, se verá el estado chileno involucrado en un vergonzoso proceso internacional y sera visto internacionalmente como un estado fallido, un país sin justicia. 

¿Y como se ve el escenario? 

– Creo que es evidente que la justicia en Chile desde hace mucho no está funcionando y particularmente en temas de DDHH. Se nacionalizo la experiencia mapuche. Simplemente no es aceptable que desde el 18 de octubre (2019) existan miles de casos de muy graves violaciones a los DDHH, mientras muy pocos agentes del estado están formalizados, a la vez que las cárceles están llenas de jóvenes manifestantes.

Todo apunta a que hoy no funciona el sistema judicial de Chile donde desvergonzadamente se está aplicando un tipo de justicia selectiva y extremamente politizada.

Entonces estamos ante un fallido estado de derecho sin condiciones de garantizar justicia, una grave situación legal y democrática que obliga a la comunidad internacional asumir responsabilidad.

Si no cambian las cosas, Chile tendrá pronto altos mandos policiales, militares y políticos investigados por la CPI. Y el estado chileno, independientemente de gobierno en turno, estará obligado a cooperar con la Corte en La Haya.

Los responsables no tendrán refugio y correrán riesgo de ser extraditados y procesados.

Vuestra red jurídica ha sido abiertamente critica a las  “campañas” para presionar a la CPI a procesar a Piñera. ¿No es una buena idea? 

– Las campañas para generar opinión pública en temas de DDHH no han sido, ni nunca serán, malas ideas. Al contrario son el nervio vital del actual régimen en materias de derechos humanos. 

El problema actual surge cuando actores políticos pretenden interferir en procesos legales que le pertenecen exclusivamente a un tribunal altamente objetivo, legítimo y respetado. Una de las condiciones absolutas en el marco de la Corte Penal Internacional es la estricta autonomía del organismo.

La CPI está prohibida actuar bajo presión política, sea de donde sea. Cualquier intento de politizar el accionar de la Corte llevara a una deslegitimación de su mandato, algo que efectivamente debilita sus posibilidades de velar por el respeto a los DDHH. 

No faltan fuerzas potentes que buscan debilitar el actual sistema penal internacional. Los fuertes intentos de deslegitimación más recientes provienen de EE.UU. y de Israel, estados que ven a un tribunal penal autónomo como una seria amenaza a sus intereses. También tenemos el tema de Venezuela que fue prácticamente referido a La Haya por regímenes con una clara agenda política, entre estos  irónicamente el gobierno de Chile, al cual el régimen bolivariano respondió enviando una propia petición a la CPI para investigar crímenes cometidos contra el país bolivariano.

Por lo tanto ya se está politizando el actuar de la CPI por diferentes medios. Por esta razón hay que evitar la continuada erosion de este importantísimo organismo y dejar que la justicia avance sin ayudar a quienes buscan deslegitimar a la Corte.

Y la mejor manera de hacer esto es velar por su autonomía y no hacer innecesarias presiones políticas que perjudiquen al proceso actual de manera negativa, ni que puedan exponer a la Corte a erróneas acusaciones de “activismo político”. 

Si finalmente avanza el tema de Chile en La Haya no será por presión política en tribunas o en las calles, ni por la voluntad de personajes que buscan protagonismo político, sino por el simple hecho que el Estado de Chile a través de sus agentes, de manera grave y generalizada, ha violado los DDHH de su gente y porque existe una justicia doméstica ausente. 

Finalmente, ¿crees que se logrará justicia para las víctimas del estallido social?

– De eso no me cabe duda. En este siglo, no habrá impunidad. Los que aún creen que se puede ordenar a matar, mutilar, violar y torturar a seres humanos sin consecuencias penales simplemente no ha entendido nada y tendrán bastante tiempo para contemplar la realidad una vez encarcelados.

Porque de llegar la justicia, llegará.

 

Suecia 16 de enero 2021

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SUECIA Y EL PROCESO CONTRA PIÑERA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA HAYA (CPI). SEGUNDA PARTE.

Por Pablo Fuentes Espinoza
CHILE Y SU AUSENTE JUSTICIA
Desde nuestra entrevista con el jurista de la red jurídica Observatorio Chileno de Derechos Humanos, han surgido varias preguntas en torno a la gestión actual llevada ante la Corte Penal Internacional en LaHaya (CPI).
A continuación una breve segunda entrevista con Esteban Calderón para elaborar un poco más sobre el tema.

Esteban Calderon, jurista .

Desde Chile llegan señales de esperanza después de la publicación de la entrevista con respecto al proceso ante la CPI. ¿Como evalúan ustedes esa reacción?
— En Chile desde la dictadura existe una profunda desconfianza hacia los organismos judiciales con
respecto a su capacidad para garantizar justicia en temas de DDHH. Durante diecisiete años hubo un Estado que de manera muy grave violo los DDHH, alabado por sus organismos judiciales los cuales no solo facilitaron el terrorismo de estado del régimen dictatorial, sino que con su ampliamente documentada inacción de facto se hicieron cómplices de los abusos.
Tampoco estuvieron los tribunales a la altura de sus funciones y deberes durante la década de los noventa, resultando en un vergonzoso y desesperanzador ambiente de impunidad que
solo comenzó a cambiar después de la intervención por parte de un juez español.
Desde el arresto domiciliario de Pinochet en Londres comenzó a imponerse en Chile una limitada justicia en materia de DDHH. Sin embargo no se puede negar que aunque se hizo un importante avance, estos no lograron extenderse a las comunidades mapuches a las cuales nunca se les terminó de reprimir, ni siquiera en democracia.
Esta larga y reprochable experiencia, con importantes actores judiciales renunciando a sus deberes de manera institucional, creó entre muchos chilenos un mal sentimiento, gran desesperanza y una vista casi mesiánica con respecto a las intervenciones legales desde el extranjero; “la salvación viene desde afuera, en Chile no hay justicia”. Y aunque en el contexto chileno es muy entendible ese punto de vista, es una conclusión errónea.
¿Por qué errónea?
— Pues si bien demoró más de treinta años en comenzar a llegar algo de justicia a Chile con respecto a los crímenes cometidos bajo la dictadura, esos avances fueron materialmente posible gracias a los gigantes esfuerzos
hechos por muchas y muchos defensores de los DDHH dentro del país.
Sin la valiente e incansable labor por parte de organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, la Codepu y la F.A.S.I.C. entre otras y por todas y todos esos seres valientes que se organizaron y se atrevieron a exigir justicia durante una época muy peligrosa para hacerlo, nunca se hubiera alcanzado el nivel de justicia que efectivamente
se logró, por muy limitada que sea.
Entonces esa supuesta “salvación” nunca tuvo su origen en acciones desde el exterior, sino que principalmente en las distintas acciones durante décadas por parte de mucha gente comprometida dentro de Chile, gente que prestó apoyo a las víctimas, que recopiló información, documentó los abusos y que se atrevieron a querellarse
aún sin perspectiva de éxito legal.
Existen muchas valientes, competentes y comprometidas personas en Chile.
La histórica iniciativa del juez Baltasar Garzón lo que hizo fue cambiar el clima político en torno a la falta de justicia en Chile, lo que permitió que avancen las causas, pero la gran labor material siempre existió en Chile.
Cabe también recordar la inmensa presión regional e internacional que existió contra la dictadura desde por lo menos el año 1975 por casi toda la comunidad internacional, presión que sin embargo no tuvo mayores efectos reales en materia de justicia legal en Chile, en gran parte por la complicidad y la negación de justicia por
parte del Poder Judicial, órgano estatal que se supone tenía que ser autónomo e imparcial pero nunca lo fue.
Lamentablemente, considerando la indignante falta de justicia en Chile tras el estallido social, aún no lo parece ser.
Por eso insisto que la solución ante un presunto estado de derecho fallido no está en diligencias mesiánicas desde el exterior, lo muy nobles que sean, sino en cambiar las condiciones materiales en Chile, tarea que principalmente, tras el grave incumplimiento de deberes por parte del Poder Judicial, le cae a los representantes
políticos.
Y es la organización social la que tiene que obligar a los políticos a urgentemente actuar al respecto,
esas son las reglas del juego, esa es la vía democrática.
Ya deberían por ejemplo haberse pronunciado los y las candidatas presidenciales al respecto y haber hecho públicas sus vinculantes promesas en materia de justicia a las víctimas del estallido social. Pero aún nada, la política sigue siendo farandulera, individualista y superficial y eso tiene que cambiar.
Esos cambios fundamentales a la
cultura política solo los pueden hacer la sociedad chilena a través del voto y de la movilización social, formulando una visión de sociedad justa y distinta a la actual.
¿Y porque no actúa el séctor político en Chile con fuerza sobre el tema de DDHH?
— No lo se y nadie con un sentido mínimo de justicia y democracia lo puede justificar. Creo que la situación hubiese sido muy diferente si fuesen sus hijos los que hubieran estado encarcelados desde hace un año sin ser condenados, o si fuesen sus hijas las que hubiesen sufrido torturas o violencia sexual durante el estallido social.
Quizás a las élites les falta el necesario sentido de comunidad, pues parecen estar bastante desconectadas del sufrimiento colectivo de su pueblo y del noble comportamiento ético de las nuevas generaciones que las llevaron
a las calles a manifestarse.
Y esa desconexión para una democracia es muy peligrosa ya que si se ignora el
clamor popular por justicia y se descarta el ajeno sufrimiento humano, entonces se derrumba el contrato social y se deslegitima la democracia misma.
En definitiva, si se va a lograr una justicia plena e integral en Chile, si se podrá avanzar como sociedad hacia la unidad social y la dignidad, entonces tienen que materializarse las condiciones concretas para poder obtener justicia. Si no sucede, entonces es posible que se internacionalice el tema.
¿Entonces actuará la CPI?
— La CPI es parte del actual esquema internacional para prevenir la impunidad. El organismo y su estatuto son un reciente compromiso político por parte de la comunidad internacional para impedir las situaciones irregulares que obligaron a la ONU crear tribunales especiales para por ejemplo la Ex-Yugoslavia y Ruanda.
También quedó claro durante el proceso de Pinochet en Londres que se necesitaba un claro organismo penal internacional, justamente para evitar que la justicia esté a la merced de regímenes y tribunales nacionales, los cuales muchas
veces no están dispuestos o en condiciones reales para velar por sus obligaciones internacionales y el respeto a los DDHH.
Creo que es importante conocer ese contexto para comprender también porque es que el mandato de la Corte Penal Internacional suele ser tan complejo, pues sin duda existen varios umbrales legales inherentes en el marco legal del tribunal para no “pasarse a llevar” a las jurisdicciones nacionales, salvo cuando eso sea absolutamente
necesario y avance el interés de la justicia.
Por eso, según el orden vigente de la CPI, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales.
Este llamado principio de complementariedad, piedra angular del sistema jurídico establecido por el Estatuto de Roma, es quizás la pieza más clave para entender el factor temporal en un proceso ante la CPI; un posible proceso internacional de investigación dependerá siempre de las condiciones judiciales en el país donde se cometieron los crímenes. Consecuentemente, con respecto a las violaciones masivas de DDHH en Chile tras el estallido social, la principal
responsabilidad cae sobre las instituciones judiciales.
Si no logran estas garantizar condiciones para obtener justicia real y no si no logran afirmar su imparcialidad, entonces se podría cumplir el requisito de complementariedad y la CPI se verá obligada asumir responsabilidad, inicialmente con un examen preliminar.
Por estas razones, el actuar o no por parte de la CPI simplemente dependerá del la acción o inacción por parte de instituciones judiciales en Chile y de su integridad autónoma o falta de la misma. Y aunque hasta ahora no han estado a la altura ni los tribunales, ni la judicatura chilena y aún menos los legisladores del país, aún existe tiempo para corregir y cumplir con sus tareas, deberes y obligaciones internacionales de garantizar justicia.
¿Cual sería el consejo a agentes policiales y militares chilenos para no arriesgar futuros procesos de DDHH y cuál sería tu último comentario ante la situación actual?
— Cada orden que implique violar los DDHH son órdenes ilícitas y sus acciones consistirán en crimines no-amnistiables.
El uniformado que aún cree en promesas de garantías de impunidad está muy mal informado y está siendo utilizado por sus mandos. En el mundo actual y según el derecho internacional no existe espacio legalpara impunidad de violaciones a los DDHH. Cualquier sistema legal que permita dicha impunidad será inválido y tarde o temprano se aplicará la justicia plena, ya que todo sistema y régimen político cambia al pasar del
tiempo.
Por eso, mi único consejo es nunca violar los DDHH y si les ordenan hacerlo, simplemente tener el
coraje, el carácter y la fuerza necesaria para negarse a cumplir órdenes criminales.
En cuanto a la situación actual, lo más urgente es sin duda poner en libertad inmediata a todos esos jóvenes presos políticos del estallido. Tener a tantos jóvenes encarcelados por pedir dignidad y justicia social es algo que manchará para siempre la historia republicana de Chile y que puede radicalizar a una generación entera.
También me gustaría ver de nuevo a un millón de santiaguinos exigir justicia a los tribunales, tal como exigieron dignidad y fin al la “guerra” de Piñera el 25-O, después de una oscura semana de terrorismo de estado.
Si se logró presionar al gobierno a sacar los militares de las calles, entonces es posible presionar a instituciones judiciales para que cumplan con su deber constitucional y otorguen justicia verdadera al pueblo de Chile.
Porque sin justicia, la verdad es que no veo condiciones para una paz social. Las únicas sociedades que han logradocierta paz social y orden sin justicia son las dictatoriales y ese camino nunca más se abrirá en Chile.
El levantamiento popular durante el estallido social DEJO CLARISIMO QUE SI BIEN LAS ELITES NO HAN APRENDIDO NADA,  por lo menos el pueblo de Chile sí aprendió su brutal lección y nunca más se dejará aplastar.
sUECIA 22 DE ENERO 2021
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VIDEO: Periodista decente de TVN mandó a la chucha a Piñera por hablar de “niños accidentados” cuando fueron BALEADOS POR CARABINEROS

Mientras más periodistas cuestionen al poder tengan por seguro que seremos un mucho mejor país

Este es el periodismo que necesitamos: EL QUE CUESTIONA AL PODER. Ya no están los tiempos en que los medios tradicionales puedan seguir siendo la caja de resonancia de los discursos oficiales. Con las redes sociales y los medios independientes haciendo la pega, al final lo único que logran es que nadie les crea.

Fuente:gamba.cl/2020/11/video-periodista-decente-de-tvn-mando-a-la-chucha-a-pinera-por-hablar-de-ninos-accidentados-cuando-fueron-baleados-por-carabineros/