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Por Ximena Astudillo Arancibia
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28 de Ago 2024
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Hace 27 años se acreditó que la montaña de tierra ubicada frente a las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales, donde jugaban los niños y niñas de ese barrio, estaba cargada de tóxicos nocivos para la salud humana.
Y cuando se creía que la Ley N° 20.590 de Polimetales había puesto fin al problema, al prever un sistema de atención en salud y educación para las familias que residieron allí hasta antes de mayo de 2012, la Fundación “Mamitas del Plomo”, surgida en 2019, se encargó de recordar que el problema no está zanjado.
La organización denuncia que existe una nueva generación de infantes y adolescentes no considerados por la normativa y que presentan secuelas como autismo, alergias, tumores y alteraciones en sus órganos e hiperactividad, atribuibles a la exposición polimetálica.
La presidenta de la Fundación «Mamitas del Plomo», Luz Ramírez, sostiene que serían unos 200 niños y niñas dañados por la contaminación de los desechos tóxicos abandonados por la Procesadora de Metales (Promel) a fines de los ochenta.
El grupo optó por presentar una demanda en el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, a raíz de que durante la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera y en el actual Gobierno, no han conseguido que, por la vía administrativa, se les extiendan los beneficios que hoy tienen los infantes y adolescentes nacidos antes de mayo de 2012, fecha en que comenzó a regir la Ley de Polimetales. También el libelo considera la exigencia de repatriación de los desechos tóxicos a Suecia, los cuales se encuentran actualmente confinados en un sitio a 600 metros de la población Cerro Chuño en la Quebrada Encantada.
El pasado de 19 agosto el juzgado acogió a trámite la acción judicial, luego de fracasar el primer intento de lograr una medida cautelar en el mismo tribunal, a través de la cual solicitaban la toma de exámenes de sangre y orina para la detección de plomo y arsénico y muestreos de suelo.
“El daño ambiental que se denuncia no se hubiese generado -o no con la magnitud y gravedad que existe en la actualidad- si el Estado de Chile a través de sus órganos de la administración hubiesen actuado y cumplido con el deber de cuidado de la vida y salud de las personas, y de protección y conservación del patrimonio ambiental de la República”, dice el escrito.
Nuevos contaminados
Luz Ramírez encendió la primera alarma sobre una nueva generación de niños contaminados en 2017, cuando sometió a un examen a su hijo que hoy tiene 14 años, debido a algunas molestias que sufría. El resultado: altos niveles de arsénico.
La dirigente alertó a sus vecinas y organizaron una toma de exámenes para los más pequeños que no estaban considerados en la Ley de Polimetales. Todos presentaron niveles de arsénico por sobre la norma y registraron megacolon y otras afecciones.
Al final la situación se hizo extensiva a toda la población Los Industriales IV, barrio que queda al norponiente de Cerro Chuño. Las madres llegaron finalmente al Gobierno de Sebastián Piñera y consiguieron que el exministro de Salud, Enrique Paris, les gestionara 150 exámenes sobre plomo y arsénico para sus hijos el 2021.
- “Hubo de todo en esas muestras y se detectó a varios niños con niveles alterados. Nos dimos cuenta de que todos ellos necesitaban una dieta especial y que, por sus recursos económicos, era imposible costearlas. De allí la necesidad de presentar una demanda, porque durante el Gobierno actual, pocas autoridades nos han recibido, pero no hemos logrado nada concreto. Con el Presidente Boric nos hemos reunido dos veces, pero hasta hoy no tenemos un compromiso de nada”, indica.
El grupo de vecinas ha continuado su campaña de concientización del problema. Para ello, consiguieron apoyo de una universidad de Estados Unidos que realizó muestreos de suelo que arrojaron niveles de polución dañinos para la salud. “Cuando vino la experta nos dijo que no podía creer que el Serviu estuviese haciendo la remediación de los suelos con la gente viviendo en las casas”, afirma.
- Sobre la incorporación de las familias que se «tomaron» las casas de Cerro Chuño como nuevos afectados por la polución, Luz Ramírez plantea que «eso no lo hemos discutido. Hoy tenemos peruanos y bolivianos que viven en los talleres que están en el barrio industrial frente a Cerro Chuño. No nos hemos hecho la pregunta sobre los venezolanos o colombianos que están en las casas. Sí, esa problemática es porque el Estado no ha hecho bien las cosas y hay niños con mucha contaminación. Creo que el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Esto deberíamos preguntarlo a nuestro abogado».
En cuanto a la factibilidad de la demanda, la Secretaría Regional Ministerial del Medioambiente expresó que «ese análisis corresponde a los tribunales… y como gobierno respetamos el trabajo que realice otro poder del Estado». También detalló que la ley actual entrega prestaciones a unas 14 mil personas y que, no es de su competencia, desalojar las 707 viviendas contaminadas que están tomadas actualmente.