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SUECIA Y EL PROCESO CONTRA PIÑERA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA HAYA (CPI). SEGUNDA PARTE.

Por Pablo Fuentes Espinoza
CHILE Y SU AUSENTE JUSTICIA
Desde nuestra entrevista con el jurista de la red jurídica Observatorio Chileno de Derechos Humanos, han surgido varias preguntas en torno a la gestión actual llevada ante la Corte Penal Internacional en LaHaya (CPI).
A continuación una breve segunda entrevista con Esteban Calderón para elaborar un poco más sobre el tema.

Esteban Calderon, jurista .

Desde Chile llegan señales de esperanza después de la publicación de la entrevista con respecto al proceso ante la CPI. ¿Como evalúan ustedes esa reacción?
— En Chile desde la dictadura existe una profunda desconfianza hacia los organismos judiciales con
respecto a su capacidad para garantizar justicia en temas de DDHH. Durante diecisiete años hubo un Estado que de manera muy grave violo los DDHH, alabado por sus organismos judiciales los cuales no solo facilitaron el terrorismo de estado del régimen dictatorial, sino que con su ampliamente documentada inacción de facto se hicieron cómplices de los abusos.
Tampoco estuvieron los tribunales a la altura de sus funciones y deberes durante la década de los noventa, resultando en un vergonzoso y desesperanzador ambiente de impunidad que
solo comenzó a cambiar después de la intervención por parte de un juez español.
Desde el arresto domiciliario de Pinochet en Londres comenzó a imponerse en Chile una limitada justicia en materia de DDHH. Sin embargo no se puede negar que aunque se hizo un importante avance, estos no lograron extenderse a las comunidades mapuches a las cuales nunca se les terminó de reprimir, ni siquiera en democracia.
Esta larga y reprochable experiencia, con importantes actores judiciales renunciando a sus deberes de manera institucional, creó entre muchos chilenos un mal sentimiento, gran desesperanza y una vista casi mesiánica con respecto a las intervenciones legales desde el extranjero; “la salvación viene desde afuera, en Chile no hay justicia”. Y aunque en el contexto chileno es muy entendible ese punto de vista, es una conclusión errónea.
¿Por qué errónea?
— Pues si bien demoró más de treinta años en comenzar a llegar algo de justicia a Chile con respecto a los crímenes cometidos bajo la dictadura, esos avances fueron materialmente posible gracias a los gigantes esfuerzos
hechos por muchas y muchos defensores de los DDHH dentro del país.
Sin la valiente e incansable labor por parte de organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, la Codepu y la F.A.S.I.C. entre otras y por todas y todos esos seres valientes que se organizaron y se atrevieron a exigir justicia durante una época muy peligrosa para hacerlo, nunca se hubiera alcanzado el nivel de justicia que efectivamente
se logró, por muy limitada que sea.
Entonces esa supuesta “salvación” nunca tuvo su origen en acciones desde el exterior, sino que principalmente en las distintas acciones durante décadas por parte de mucha gente comprometida dentro de Chile, gente que prestó apoyo a las víctimas, que recopiló información, documentó los abusos y que se atrevieron a querellarse
aún sin perspectiva de éxito legal.
Existen muchas valientes, competentes y comprometidas personas en Chile.
La histórica iniciativa del juez Baltasar Garzón lo que hizo fue cambiar el clima político en torno a la falta de justicia en Chile, lo que permitió que avancen las causas, pero la gran labor material siempre existió en Chile.
Cabe también recordar la inmensa presión regional e internacional que existió contra la dictadura desde por lo menos el año 1975 por casi toda la comunidad internacional, presión que sin embargo no tuvo mayores efectos reales en materia de justicia legal en Chile, en gran parte por la complicidad y la negación de justicia por
parte del Poder Judicial, órgano estatal que se supone tenía que ser autónomo e imparcial pero nunca lo fue.
Lamentablemente, considerando la indignante falta de justicia en Chile tras el estallido social, aún no lo parece ser.
Por eso insisto que la solución ante un presunto estado de derecho fallido no está en diligencias mesiánicas desde el exterior, lo muy nobles que sean, sino en cambiar las condiciones materiales en Chile, tarea que principalmente, tras el grave incumplimiento de deberes por parte del Poder Judicial, le cae a los representantes
políticos.
Y es la organización social la que tiene que obligar a los políticos a urgentemente actuar al respecto,
esas son las reglas del juego, esa es la vía democrática.
Ya deberían por ejemplo haberse pronunciado los y las candidatas presidenciales al respecto y haber hecho públicas sus vinculantes promesas en materia de justicia a las víctimas del estallido social. Pero aún nada, la política sigue siendo farandulera, individualista y superficial y eso tiene que cambiar.
Esos cambios fundamentales a la
cultura política solo los pueden hacer la sociedad chilena a través del voto y de la movilización social, formulando una visión de sociedad justa y distinta a la actual.
¿Y porque no actúa el séctor político en Chile con fuerza sobre el tema de DDHH?
— No lo se y nadie con un sentido mínimo de justicia y democracia lo puede justificar. Creo que la situación hubiese sido muy diferente si fuesen sus hijos los que hubieran estado encarcelados desde hace un año sin ser condenados, o si fuesen sus hijas las que hubiesen sufrido torturas o violencia sexual durante el estallido social.
Quizás a las élites les falta el necesario sentido de comunidad, pues parecen estar bastante desconectadas del sufrimiento colectivo de su pueblo y del noble comportamiento ético de las nuevas generaciones que las llevaron
a las calles a manifestarse.
Y esa desconexión para una democracia es muy peligrosa ya que si se ignora el
clamor popular por justicia y se descarta el ajeno sufrimiento humano, entonces se derrumba el contrato social y se deslegitima la democracia misma.
En definitiva, si se va a lograr una justicia plena e integral en Chile, si se podrá avanzar como sociedad hacia la unidad social y la dignidad, entonces tienen que materializarse las condiciones concretas para poder obtener justicia. Si no sucede, entonces es posible que se internacionalice el tema.
¿Entonces actuará la CPI?
— La CPI es parte del actual esquema internacional para prevenir la impunidad. El organismo y su estatuto son un reciente compromiso político por parte de la comunidad internacional para impedir las situaciones irregulares que obligaron a la ONU crear tribunales especiales para por ejemplo la Ex-Yugoslavia y Ruanda.
También quedó claro durante el proceso de Pinochet en Londres que se necesitaba un claro organismo penal internacional, justamente para evitar que la justicia esté a la merced de regímenes y tribunales nacionales, los cuales muchas
veces no están dispuestos o en condiciones reales para velar por sus obligaciones internacionales y el respeto a los DDHH.
Creo que es importante conocer ese contexto para comprender también porque es que el mandato de la Corte Penal Internacional suele ser tan complejo, pues sin duda existen varios umbrales legales inherentes en el marco legal del tribunal para no “pasarse a llevar” a las jurisdicciones nacionales, salvo cuando eso sea absolutamente
necesario y avance el interés de la justicia.
Por eso, según el orden vigente de la CPI, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales.
Este llamado principio de complementariedad, piedra angular del sistema jurídico establecido por el Estatuto de Roma, es quizás la pieza más clave para entender el factor temporal en un proceso ante la CPI; un posible proceso internacional de investigación dependerá siempre de las condiciones judiciales en el país donde se cometieron los crímenes. Consecuentemente, con respecto a las violaciones masivas de DDHH en Chile tras el estallido social, la principal
responsabilidad cae sobre las instituciones judiciales.
Si no logran estas garantizar condiciones para obtener justicia real y no si no logran afirmar su imparcialidad, entonces se podría cumplir el requisito de complementariedad y la CPI se verá obligada asumir responsabilidad, inicialmente con un examen preliminar.
Por estas razones, el actuar o no por parte de la CPI simplemente dependerá del la acción o inacción por parte de instituciones judiciales en Chile y de su integridad autónoma o falta de la misma. Y aunque hasta ahora no han estado a la altura ni los tribunales, ni la judicatura chilena y aún menos los legisladores del país, aún existe tiempo para corregir y cumplir con sus tareas, deberes y obligaciones internacionales de garantizar justicia.
¿Cual sería el consejo a agentes policiales y militares chilenos para no arriesgar futuros procesos de DDHH y cuál sería tu último comentario ante la situación actual?
— Cada orden que implique violar los DDHH son órdenes ilícitas y sus acciones consistirán en crimines no-amnistiables.
El uniformado que aún cree en promesas de garantías de impunidad está muy mal informado y está siendo utilizado por sus mandos. En el mundo actual y según el derecho internacional no existe espacio legalpara impunidad de violaciones a los DDHH. Cualquier sistema legal que permita dicha impunidad será inválido y tarde o temprano se aplicará la justicia plena, ya que todo sistema y régimen político cambia al pasar del
tiempo.
Por eso, mi único consejo es nunca violar los DDHH y si les ordenan hacerlo, simplemente tener el
coraje, el carácter y la fuerza necesaria para negarse a cumplir órdenes criminales.
En cuanto a la situación actual, lo más urgente es sin duda poner en libertad inmediata a todos esos jóvenes presos políticos del estallido. Tener a tantos jóvenes encarcelados por pedir dignidad y justicia social es algo que manchará para siempre la historia republicana de Chile y que puede radicalizar a una generación entera.
También me gustaría ver de nuevo a un millón de santiaguinos exigir justicia a los tribunales, tal como exigieron dignidad y fin al la “guerra” de Piñera el 25-O, después de una oscura semana de terrorismo de estado.
Si se logró presionar al gobierno a sacar los militares de las calles, entonces es posible presionar a instituciones judiciales para que cumplan con su deber constitucional y otorguen justicia verdadera al pueblo de Chile.
Porque sin justicia, la verdad es que no veo condiciones para una paz social. Las únicas sociedades que han logradocierta paz social y orden sin justicia son las dictatoriales y ese camino nunca más se abrirá en Chile.
El levantamiento popular durante el estallido social DEJO CLARISIMO QUE SI BIEN LAS ELITES NO HAN APRENDIDO NADA,  por lo menos el pueblo de Chile sí aprendió su brutal lección y nunca más se dejará aplastar.
sUECIA 22 DE ENERO 2021
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