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Especial Plebiscito: El acceso al agua como derecho humano, el desafío ambiental que centrará el debate de la nueva Constitución

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr / Publicado: 28.09.2020

La Constitución de 1980 blinda por encima de todo el derecho a la propiedad privada hasta el punto de bloquear un derecho indispensable para la vida como es al acceso al agua, además ratificado por Chile en los tratados internacionales. La falta de regularización del modelo chileno es única en el mundo. Se da la paradoja que el agua se considera, en el Código de Aguas de 1981, un bien nacional de uso público, pero por otro lado, se permite y acepta su privatización, amparada en el derecho a la propiedad que resguarda la Carta Magna. Una contradicción que se instalará entre las principales discusiones del nuevo proceso constituyente, para transformar el modelo de mercado actual en uno nuevo, basado en los derechos humanos.

A menos de un mes de celebrarse el Plebiscito constituyente, cada vez es más intensa la discusión sobre los grandes temas que serán sometidos a revisión y escrutinio a la hora de redactar la nueva Carta Magna. En materia medioambiental, el principal desafío recae en asegurar el acceso al agua y elevarlo a la categoría de derecho humano fundamental, “indispensable para una vida digna”, tal como lo establece las Naciones Unidas. Una condición que en Chile no se ha dado hasta ahora y que ha desembocado, junto con el efecto del cambio climático, en crisis hídricas de gravedad en algunos territorios del país, como Petorca, La Ligua o El Melón, todas ellos en la V Región, donde habitantes de las zonas rurales son abastecidos con camiones aljibe mientras dueños de las grandes hortícolas riegan generosamente vastas extensiones de terreno. Es la máxima expresión del mercado del agua en Chile que la dictadura instauró.

El modelo chileno de aguas, único en el mundo, excluyó la función esencial de la administración de intervenir en el mercado y favoreció la concentración del recurso a manos de quienes ostentan mayor poder económico a través de prácticas como el acaparamiento, la especulación y los monopolios.

En el Código de Aguas de 1981, el recurso se considera como un bien nacional de uso público, pero sujeto a derechos de aprovechamiento de particulares para su uso, goce y libre disposición. Un estatus reforzado en la Constitución, a través del artículo 19 numeral 24, en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada “en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. El texto fundamental especifica: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

CAP 02 | #EstoPrendió | Hablemos de derechos de agua

 

La legalidad chilena contraviene la resolución de Naciones Unidas de 2010, ratificada por Santiago, que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Según cifras del Ministerio de Interior de 2015, 110 cuencas del país registran una demanda superior a su recarga natural y, por consiguiente, se encuentran con sobre-otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua.

Choque de derechos: acceso al agua versus propiedad.

Petorca / Foto: Agencia Uno

Un informe elaborado por los asesores técnicos del Congreso en 2018 establece que el Código de Aguas fue un elemento “clave” para la reforma privatizadora de las aguas y que instaló la idea que el acceso al recurso «es un bien económico, cuya asignación se gestiona más eficientemente a través de los derechos de propiedad privada, precios y mercados”. Para el experto jurídico en manejo de aguas de la Universidad de Arizona, Carl Bauer, el caso de Chile es “paradigmático” por su “notable enfoque en el libre mercado”, la “privatización de los derechos de uso” y la “debilidad” de la regulación estatal.

Bauer, quien ha estudiado en profundidad el modelo chileno, señala que el derecho de uso es “la única manera de adquirir un derecho de propiedad privada sobre el agua”, ya que recae en los particulares, pero el recurso en sí sigue siendo público. “No es un derecho propio sobre el agua, sino sobre el derecho de uso del agua”, matiza Bauer. El experto plantea que la relación entre propiedad y soberanía del agua tendría que regularse en una futura Carta Magna. “El cambio tendría que reflejarse con énfasis en la Constitución, porque el Código de Aguas ya dice que el agua es un bien nacional de uso público y eso debería de ser contradictorio con la privatización del agua”, afirma. Y añade: “Legalmente hablando, el agua no puede ser un bien nacional de uso público, por un lado, y ser privatizado, por otro lado”.

Esa dualidad en la que se circunscribe (sobre el papel) el modelo de regulación de aguas en Chile, en la praxis, coloca a la propiedad por encima de cualquier consideración como bien de uso público. “No hay un reconocimiento expreso al acceso al agua a nivel constitucional, es una gran falta”, asevera el director del magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte y abogado experto en derecho de acceso al agua, Francisco Sanz. Si bien hay un reconocimiento del agua como bien de uso público a nivel normativo (en el Código de Aguas), esto queda desprovisto de respaldo constitucional –no es un derecho fundamental–, por lo que al colisionar con el derecho a la propiedad –que sí tiene un lugar preponderante en la Carta Magna– queda por debajo de éste. “El gran problema es que, en la práctica, el acceso al agua está por debajo del derecho a la propiedad”, indica Sanz. Según él, en caso que la nueva Constitución considerara ambos derechos –al acceso al agua y a la propiedad– “por un ejercicio de ponderación de derechos, primaría el acceso al agua porque está reconocido en el derecho internacional como un derecho humano”.

Fuente:eldesconcierto.cl/2020/09/28/especial-plebiscito-el-acceso-al-agua-como-derecho-humano-el-desafio-ambiental-que-centrara-el-debate-de-la-nueva-constitucion/