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Exclusivo: Grave denuncia: Ministerio de Transportes compró 1.059 buses eléctricos sin convocar a licitación pública

17 julio 2020

Por Benedicto Castillo
El ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció a fines de junio la adquisición de 1.160 nuevos buses Red-Transantiago, que a partir de mediados de julio y por espacio de dos meses serán incorporados paulatinamente a diversas comunas de la capital. El precio de mercado de cada bus es de USD 350.000.
Esta nueva flota se suma así a otros 1.059 buses eléctricos y ecológicos adquiridos con antelación y que ya están en circulación en la Región Metropolitana, totalizando 2.219 máquinas con estándar Red (776 eléctricos y 1.443 con motor Euro VI) equivalentes al 32 % de la flota en la capital.
Sin embargo, la autoridad no informó un aspecto relevante en un negocio realizado por el Estado: la compra de dichos vehículos no se hizo mediante licitación pública, revelaron a Cambio21 fuentes de la industria automotriz que prefirieron mantener sus identidades en anonimato.
La ministra de Transportes Gloria Hutt justificó las compras de los nuevos buses en el proceso de mejora contínua del transporte público, que “va en directo beneficio de las personas”. Los planes de renovación de flota fueron de la mano de la reasignación de los recorridos que operaba la empresa colombiana Express, de propiedad de la familia Ríos Velilla, y que salió del sistema por la mala calidad de sus servicios, al igual que Alsacia, otra firma de estos colombianos separada del sistema por su pésimo desempeño,. Por ello se traspasó el 41% de los servicios de Express a los operadores STP y Metbus, de propiedad de los empresarios chilenos Juan Pinto Zamorano y Jorge Gómez Pérez, antiguos dirigentes de las denominadas “micros amarillas”.
A su turno, el director de Transporte Público, Fernando Saka, explicó que la compra de más de 1.100 buses “se logró definir entre varios oferentes tanto de flota como de empresas operadoras de buses”, con lo cual se alcanzó un acuerdo que permite ir “reduciendo el pago por pasajero transportado en un 25% para estos servicios como también el valor de la cuota flota en casi el 10%”.
Jaime Mulet, diputado del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS)
Pero según fuentes de empresas del sector su expresión “se logró definir” no precisa ni se refiere a un proceso de licitación por las compras de máquinas tanto para el año 2020 como para los años 2019 y 2018.
La opacidad en estas operaciones realizadas por el Ministerio de Transportes ha sido representada al Gobierno por diversas empresas del ramo. Un empresario del sector, que pidió anonimato, hizo ver el amplio conocimiento que Gloria Hutt tiene de los operadores de Red-Transantiago. Junto con haber sido asesora de la Asociación Metropolitana de Dueños de Microbuses (la “gremial”), en tiempos de Demetrio Marinakis, fue asesora de la compañía Kaufmann, codueña de Asia Motors.
La empresa china BYD Motors (Build Your Dreams) ha enfrentado problemas con la calidad de sus autobuses eléctricos. A fines del año 2019 la ciudad de Albuquerque, Estado Nuevo México de EE.UU., interpuso una demanda en su contra por los problemas que presentó la flota de 18 autobuses eléctricos adquiridos tres años antes. “Los vehículos no cumplieron con la carga eléctrica prometida de la betería, lo que significaba que no podían administrar el servicio de un día completo. Hubo numerosos problemas de seguridad y durabilidad, incluidas las puertas que se abren inesperamente, el mal funcionamiento de los frenos, el cableado eléctrico defectuoso, los cables expuestos y el sobrecalentamiento de las baterías”, reportó Elizabeth Brotherton, del blog de la Alliance for American Manufacturing.
Finalmente, BYD Motors LLC alcanzó un acuerdo de reparación con las autoridades de la ciudad de Albuquerque, en mayo de 2019.
Comisión de la Cámara de Diputados
La misma fuente hizo ver que estas operaciones de compra de buses son “anómalas porque no han sido realizadas en forma abierta al mercado, con la necesaria transparencia y protocolos legalmente establecidos”.
Los antecedentes fueron expuestos el pasado martes 7 de julio en la sesión de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde el diputado Jaime Mulet solicitó que por intermedio de su presidente, diputado René Alinco, se solicitará todos los antecedentes de las compras de buses al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La siguiente fue la intervención del parlamentario del Partido Regionalista Verde Social:
Se nos informe, señor presidente, cuántos buses han sido comprados en forma directa o indirecta por el Estado de Chile durante los años 2019 y 2020. Entiendo que el año 2019, el Estado de Chile ha comprado más de 1.000 buses.
También se nos informe la metodología y la forma de esta adquisición. Porque se me ha informado que han sido compras directas y sin licitación, a propósito de la nueva forma que está tomando el Transantiago, como lo ha informado la señora ministra Hutt en esta comisión, de separar la operación de los buses de la adquisición, etcétera.
Junto con lo anterior, Mulet pidió que la ministra de Transportes informe por qué aún no se ha llevado a cabo “el proceso de licitación del operador del transporte público, en la Región Metropolitana”.
Así el 8 de julio, el presidente de la comisión, diputado René Alincco, despachó el oficio N°328, requiriendo la información pertinente.
El pasado reciente
Juan Pinto, ex dirigente del Transantiago
El 27 de diciembre de 2017, la actual ministra de Transportes abrió la postulación para el “nuevo Transantiago”, presentándose 69 empresas en la adquisición de las bases. A la hora final calificaron siete compañías para servir las nuevas seis unidades de negocios, que comenzarán a operar gradualmente desde octubre de 2018. Las seleccionadas son: Tower Transit (inglesa), Grupo Duarte, STP, Metbus, Redbus (francesa), Vule y Nextbus (colombiana). En total son 191 recorridos servidos por 1.800 buses, que representan el 50 por ciento del sistema de transporte capitalino.
Hasta aquí todo bien para el ministerio.
Pero el 25 de enero de 2018, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió suspender la licitación al acoger dos demandas interpuestas por las empresas Transanber y Santin, imputando transgresiones legales a la autoridad en sus criterios de ponderación de las propuestas, “al evaluar en forma discontinua la experiencia de los oferentes que actualmente no son operadores del sistema”, con lo cual “distorsionaría la capacidad de competencia entre oferentes que manejan flotas de buses de tamaño similar”.
Dos semanas después, el gobierno pidió alzar la medida cautelar, pero el TDLC las mantuvo. Incluso más: Dos ministros hicieron ver que tanto el plazo efectivo para formular las ofertas como las clausulas relativas a los terrenos para los terminales, “parecen aumentar las ventajas competitivas para los incumbentes (empresas que son contratistas)”.

Finalmente la subasta no se llevó a cabo y desde entonces y hasta la fecha han transcurrido más de tres años, sin que se produzca la necesaria incorporación de nuevos operadores del sistema público. En el intertanto, lo que se ha hecho es renovar los contratos a las 4 empresas que manejan los recorridos del Gran Santiago. Y los zares del negocio son dos: Juan Pinto Zamorano y Jorge Gómez Pérez, otrora líderes de las vilipendiadas “micros amarillas”.